Gendarmería lo sindicaba como el instigador de desórdenes ocurridos durante cuatro días seguidos en el patio del establecimiento, con golpes y ataques entre la población penal.

Los desórdenes ocurrieron los días 11, 12, 14 y 15 de mayo en el patio del Centro de Detención Preventiva, en los que internos e imputados por prisión preventiva se habrían trenzado a golpes, resultando algunos de ellos con contusiones y cortaduras, según señala un informe de Gendarmería puesto a disposición de los tribunales, acompañado de videos de los mismos. Además los días 14 y 15 se negaron a recibir alimentación como medida de protesta por los allanamientos efectuados en el centro penal por el incremento actividad para introducir drogas en el recinto, por ejemplo con pelotas o bolsas que eran arrojadas desde el exterior.

El líder de estos desordenes, en los que se vieron involucrados ocho internos, sería P.A.C., que tiene alrededor de seis condenas por distintos delitos, y en la actualidad está en calidad de imputado por una acusación de presunto robo con violencia.

El imputado en la mañana de ayer fue trasladado a la sala 2 del Juzgado de Garantía de Ovalle, junto a otros siete implicados, oportunidad en la que Jessica Vargas, abogada de Gendarmería expuso la situación y la solicitud de la institución para el traslado del imputado a Huachalalume, centro penitenciario de La Serena, puesto que el CDP de Ovalle es sólo para reos de mediana y baja complejidad, y su presencia altera la tranquilidad del recinto.

El defensor privado del imputado, Carlos Silva a su vez pidió desestimar la solicitud atendiendo a que su defendido no tiene antecedentes de ser un reo conflictivo y sus condenas anteriores no son por delitos graves. Además, dijo, eso vulnera sus derechos porque sus familiares tendrían que viajar a la vecina ciudad para visitarlo.

El juez Luis Muñoz acogió su petición atendiendo a que, afirmó, las acusaciones no son de tanta gravedad, y ya ha sido sancionado desde la ocurrencia de los hechos con medidas disciplinarias.

Durante una cirugía olvidaron saca uno de los instrumentos quirúrgicos utilizados.

El Segundo Juzgado de Letras de La Serena condenó a la Clínica Elqui y a un doctor de la entidad a pagar indemnizaciones por daño emergente y daño moral por $12.444.444  a una paciente de la ciudad de Ovalle que, con ocasión de una operación laparoscópica, sufrió el olvido de un instrumento metálico en su cavidad abdominal en noviembre de 2014.

En el fallo (causa rol 2997-2016), la magistrada Gisleine Landerretche ordenó a los demandados pagar por partes iguales a Alejandra Carmen Astudillo Tello, tras establecer el actuar negligente tanto de la clínica como del profesional Jorge Saavedra Castillo al dejar el material denominado “trocar”, dentro del cuerpo de la paciente.

“Se ha acreditado la responsabilidad de la clínica en el evento acaecido, a juicio de esta sentenciadora la responsabilidad del profesional codemandado también consta, desde que producto de su actuar negligente se ha contribuido a la generación del daño”, sostiene el fallo(…) Resulta  en definitiva ser un hecho exento de controversia que con ocasión de la operación laparoscópica practicada, un agente extraño quedó olvidado en la cavidad abdominal de la paciente”.

Por ello, concluye: “Que se acoge parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta con fecha 02 de agosto de 2017, debiendo los demandados pagar  las siguientes sumas: a) A título de daño emergente: $444.444, cantidad que se deberá enterar por ambos demandados en partes iguales. b) Por concepto de daño moral; la suma de $12.000.000 (doce millones de pesos) suma que se deberá enterar por ambos demandados en partes iguales”.

Por: Equipo OvalleHoy.

Fuente: Poder Judicial.

Hoy se firmó la conciliación entre el municipio y los representantes de los funcionarios del Cesfam de calle Covarrubias. Además, deberá cancelar las costas del juicio.

Los trabajadores del consultorio Marcos Macuada le ganaron la pulsada al municipio tras ser aprobada la propuesta de conciliación para poner término al juicio por Tutela Laboral interpuesto por el sindicato de trabajadores de la salud municipalizada en contra de la municipio y cuyo principal objetivo era la remoción del cargo de la directora subrogante del consultorio, Paola Morales a quien acusaron de malos tratos y de prácticas antisindicales.

En la audiencia preparatoria de juicio realizada hoy, comparecieron  la Asociación de Funcionarios de Salud Municipalizada de Ovalle representados por la abogada Patricia Martínez y la Ilustre Municipalidad de Ovalle a través del abogado Sergio Galleguillos. 

El objeto de la audiencia fue realizar la conciliación y el acta levantada en la ocasión, a la que tuvo acceso OvalleHOY.cl, señala que “Primero: Las partes aceptan las bases de acuerdo propuesto por el tribunal en la audiencia del día 31 de mayo de 2018” la que tenía que ver con que “la parte demandada, Ilustre Municipalidad de Ovalle, no renovará a doña Paola Morales Aravena, la subrogancia de directora del Cesfam Marcos Macuada, la cual expirará el día 30 de junio del presente año”.  El documento agrega que “hasta dicha fecha, la funcionaria ejercerá su cargo en otro lugar”.

Además, se compromete el municipio “a pagar a la suma de $500.000 pesos” por concepto de las costas del procedimiento. Remarca el documento que “se deja expresa constancia que la presente conciliación fue aprobada de manera unánime por el alcalde y el consejo comunal de ovalle la audiencia de fecha 12 de junio de 2018”.

Cabe recordar que los trabajadores acusaron en febrero pasado a la directora subrogante Paola Morales  de malos tratos. En esa ocasión, Claudio Jiménez, presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipales (AFUSAM), denunció a nuestro medio “malos tratos por parte de la dirección del establecimiento” y que la directora (s) había “incurrido en maltratos verbales y amedrentamientos” en contra de funcionarios, lo que habría sido “recurrente”. Pese a esa denuncia, el alcalde Claudio Rentería confirmó y apoyó a la profesional.

Claudio Jiménez Valencia, dirigente Afusam (Foto: OvalleHOY.cl)

Consultado por OvalleHOY acerca de la conciliación, Claudio Jiménez, manifestó que “los trabajadores estamos contentos con el acuerdo, porque de esta manera se terminan los malos tratos al interior del Cesfam Marcos Macuada”.

¿Siente que le ganaron la “pulsada”, el “gallito” al municipio y al alcalde Rentería que tras sus denuncias, confirmó a la directora?

“Los derechos de los trabajadores, la dignidad de los trabajadores no son una pulsada o un gallito. Van respetados siempre y por todos. Yo solo puedo decir que este directorio no permitirá nunca más, que los derechos de los trabajadores sean vulnerados como ocurrió en esta ocasión. Hoy estamos más unidos que nunca pues ha sido el peso de nuestras demandas, las que han prevalecido”, puntualizó el dirigente sindical.

Reacción del Municipio

En cuanto al municipio de Ovalle, fue el abogado Sergio Galleguillos quien se refirió al tema y señaló que “es un tema que está judicializado. El Tribunal propuso una base de conciliación y esa base de conciliación fue sometida al alcalde y al Concejo Comunal, quienes la aprobaron”.

Consultado por los alcances de este acuerdo, el abogado señaló que “esto se traduce en que ella (Paola Morales, ndr) deja de ser la directora subrogante del Cesfam. Pero además, debo puntualizar que era un cargo de subrogante y las subrogancias duran seis meses por lo tanto, éste vencía el próximo 30 de junio”.

Galleguillos agregó que “se ha tomado la determinación de no renovar está subrogancia y se le ha informado a ella, quien se va a mantener vinculada con el municipio a través de otros servicios y por lo tanto, con esto, se da terminó al conflicto”.

Por Angelo Lancellotti González

Periodista

El Tribunal Oral de Ovalle resolvió exhortar a su similar de La Serena para la citación para una nueva fecha a los tres ausentes. Ademas dispuso la libertad de los dos acusados que se encontraban con la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público el día 02 de diciembre de 2017, a las 18:30 horas aproximadamente, en la estación de servicios Shell ubicada en Avenida Ariztía con calle La Feria de la ciudad de Ovalle, dos sujetos desconocidos, intimidaron y encerraron, en contra de su voluntad, a la víctima J. K. F.V. al interior de un automóvil marca Samsung color rojo en el que viajaban dos personas más, trasladándolo hasta el terminal de buses de Ovalle.

En ese lugar , señala la acusación, se reunieron con los imputados C. F. P. P. de 23 años, y R. J. M. H. quienes se movilizaban en una camioneta para posteriormente trasladar a la víctima al sector de Talhuen, en donde fue retenido, contra su voluntad, siendo encañonado con un arma de fuego y golpeado con elementos contundentes, pie y con el arma de fuego citada en diversas ocasiones por parte de los imputados , causándole lesiones de carácter menos graves. Finalmente alrededor de las 23:00 horas, fue abandonado en el sector.

Unas horas mas tarde del mismo día los acusados fueron detenidos por personal de la Policía de Investigaciones de Ovalle, en el camino único de El Reloj, encontrándose en el interior de la camioneta una pistola, marca Taurus, calibre 9 milímetros, y 7 cartuchos calibre 9 por 19 mm, mientras que en sus vestimentas el acusado varón portaba otro cartucho de similar característica.
Los hechos descritos, a juicio de la fiscalía, se califican jurídicamente como un delito de Secuestro, lesiones menos graves y un delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, y solicita se imponga a los acusados penas de 15 años y un día de presidio menor y de 18 años de presidio menor en su grado mínimo, respectivamente por el primero delos delitos.

En tanto que por el delito de lesiones menos graves , se agrega para ambos una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo; y por porte ilegal de arma de fuego y municiones , una pena 4 años de presidio menor en su grado mínimo para la mujer y de 5 años de presidio menor en su grado mínimo para el varón.

Sin embargo llegado el momento del juicio oral en la sala única del Tribunal Oral de Ovalle, por común acuerdo de los intervinientes, atendida la falta de prueba fundamental por ausencia de tres peritos de la parte acusadora, fue fijada nueva fecha de audiencia para el día 16 de agosto a las 08:45 horas.

Esta vez la audiencia, por reparaciones del Tribunal Oral de Ovalle, se realizarán en dependencias del Juzgado de Familia de Ovalle, ubicado en Libertad Nº 652 .

El Tribunal además resolvió la libertad de los dos imputados mientras se realiza el juicio.

El sujeto fue sentenciado a cumplir 41 días de prisión por el robo de paltas en una parcela de los alrededores de Ovalle.

El pasado viernes 01 de este mes a las 08:10 horas , el imputado Miguel Eduardo Manzano Álvarez ingresó a una parcela ubicada en el sector de Tuquí , a la altura del kilómetro 4 de la ruta D-43, efectuando un forado en el cierre perimetral, para robar 40 kilos de Palta “Has”, huyendo con las especies en su poder, logrando ser detenido a unos metros de distancia aunque intentó huir en dirección a la quebrada vecina.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Ovalle ese mismo día, oportunidad en la que en procedimiento abreviado fue sentenciado a cumplir 41 días de prisión por el delito de robo con fuerza en lugar no habitado.

Manzano Álvarez sin embargo no se presentó a cumplir la condena y desde esa fecha permanecía prófugo.

Hoy fue ubicado por carabineros quienes luego de aprehenderlo lo volvieron a colocar a disposición del tribunal, en el que fue ratificado el cumplimiento de la sentencia.

Eso sí, el reo tendrá que cumplirla en condiciones especiales pues se encuentra enfermo de tuberculosis, por lo que Gendarmería dispondrá para él medidas especiales para garantizar su salud y evitar contagios con el resto de la población.

Miguel Manzano durante la audiencia de hoy utilizó una mascarilla que cubría su boca y nariz .

Fiscalía cuenta con entrevista videograbada a la víctima e imputado quedó en prisión preventiva.

La Fiscalía de La Serena formalizó la investigación por abuso sexual contra un sujeto, quien el día 18 de junio de 2018, en la madrugada, en el interior de una habitación de un inmueble ubicado en Avenida Isidoro Campaña, Compañía Alta, La Serena, habría cometido estos actos contra hijastra.

De acuerdo con la formalización, el sujeto habría usado la confianza depositada en él, en su calidad de cónyuge de la madre de la menor de 14 años afectada.La joven se encontraría durmiendo cuando el imputado le habría efectuado tocaciones en sus partes íntimas

El Servicio Médico Legal informó que la víctima presentaba escoriaciones atribuibles a los actos que habría efectuado el sujeto, quien es padrastro de la joven.

El Juzgado de Garantía de La Serena ordenó la prisión preventiva por las causales de peligro para la seguridad de la sociedad y peligro para la seguridad de la víctima.

El fiscal de La Serena, Rodrigo Céspedes, dijo que el juzgado “tuvo a la vista un cúmulo de antecedentes que permiten demostrar la existencia del ilícito y la participación del imputado, principalmente la declaración de la víctima en sala gessel, en entrevista videograbada, la declaración de la madre e informe de la Policía de Investigaciones con las diligencias del caso, más informe sexológico del SML que dio cuenta de las lesiones en los genitales y la corporalidad de la menor afectada por el delito”, dijo.

Finalmente, el Juzgado de Garantía ordenó un plazo de investigación de 90 días.

Por: Equipo OvalleHoy

Fuente: Fiscalía de Chile

Los dos imputados – un hombre y una mujer – no se habían presentado ayer lunes a la audiencia de Medidas Cautelares y debieron ser llevados compulsivamente al tribunal.

El pasado 29 de mayo L.A.M.B. y la mujer I. D. A.C. fueron formalizados por su presunta participación en el incendio intencional de dos microbuses en el sector Costanera, a la altura de recinto Revisión Técnica de la ciudad de Ovalle, con resultado de daños considerables.

Los detenidos residían en la ribera del río Limarí y, según la acusación de la Policía de Investigaciones, y el Ministerio Público, eran los presuntos autores del siniestro, para lo que habrían utilizado un cigarrillo de una marca especial, fosforo, un acelerante y un sofisticado sistema de encendido retardado.

En la audiencia de control de detención realizada a fines de mayo en la sala 2 del Juzgado de Garantía de Ovalle ambos fueron formalizados por el delito de incendio tentado, concediendo el tribunal un plazo de cien días para la investigación de los hechos y la libertad de los imputados. Como ambos tienen residencia en la Quinta región y para cautelar su concurrencia a los actos del proceso, fue fijada entonces una audiencia de Medidas Cautelares para la lunes 25 de junio en la mañana.

Los dos imputados sin embargo no concurrieron al tribunal, y el magistrado resolvió ordenar su detención, lo que ocurrió en las horas siguientes.

L.A.M.B. e I. D. A.C. fueron hoy martes puestos a disposición el Juez Luis Muñoz Caamaño el que, atendiendo a que no hay nuevos antecedentes en la causa, resolvió conceder nuevamente la libertad de los imputados con la obligación de firmar mensualmente en la comisaría de carabineros mas aproxima a su domicilio..

El cierre de la investigación está programado para la primera semana de septiembre.

Es preciso mencionar que desde la ocurrencia de estos hechos que llevaron a la detención de los dos imputados, no han ocurrido nuevos incendios de vehículos en la ciudad de Ovalle.

Las preguntas inevitables son ¿Son ellos los autores de este incendio, como asegura la policía? Y, lo que es mejor aún: ¿Fueron ellos los autores de los restantes siniestros?

La violenta agresión sufrida por la víctima a manos de alrededor de seis sujetos quedó registrada en un video que realizó un testigo.

En las semanas anteriores habían sido formalizados dos de los presuntos autores – V.D.T.C. de 30 años, y C.M.R.A., – en tanto para el martes 26 estaba programada en la sala 2 del Juzgado de Garantía de Ovalle una audiencia para formalizar a otros cuatro implicados en los hechos: F.A.D.T., D.A.Z.D., A.P.R.A. y M.I.G.T.. Sin embargo ninguno de ellos se presentó al tribunal, debiéndose emitir una orden de detención en su contra.

En la mañana de ayer fue detenido M.I.G.T. de 21 años y pasado el mediodía compareció ante el tribunal donde fue formalizado por el delito de homicidio simple consumado.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche del 7 de enero en la localidad de Chañaral Alto, comuna de Monte Patria donde se realizaba un evento artístico social denominado “Cumbre de la Cumbia” organizado por el municipio local.

En un momento la víctima, Roquel Valdès, por rencillas anteriores, fue agredido cuando se encontraba apartado del lugar de la fiesta por un grupo de personas identificadas con un grupo conocido como “Los Cochinillos”, iniciándose una riña. Valdes intentó buscar refugio en el escenario del espectáculo, donde fue atacado con cuchillas, golletes de botellas, palos y golpes de puño y pie, hasta dejarlo inconsciente en el lugar, con alrededor de 17 lesiones de distinta consideración.

El imputado M.I.G.T, trabajador temporero domiciliado en la misa localidad, conocido como el “Guatón” habría participado en el hecho arrojando botellas, atacándolo con el gollete de una botella rota, propinándole puntapiés cuando la víctima se encontraba en posición fetal en el piso y, finalmente, golpeándolo con una silla.

A pesar que la defensa pretendió señalar que su defendido no había atacado con cuchillas – cuyas heridas fueron las causantes definitivas de la muerte – , el juez Luis Muñoz desestimó esto señalando que la agresión había sido tan salvaje, que aunque no todos utilizaron armas blancas, todos habían participado de manera directa en los hechos que condujeron a la muerte.

Es mas, según señaló el fiscal Jaime Rojas Gatica, existe un registro visual del momento del ataque, grabado por un asistente a la fiesta, en el que se observa al imputado sobre el escenario en el momento del ataque.

Fue así que se concedió la medida cautelar de prisión preventiva, atendiendo la gravedad de los hechos, y a que G.T. se encuentra en estos momentos gozando del beneficio de libertad Vigilada concedido por el Juzgado de Garantía de Combarbalá por una condena de 3 años y un día por el celito de robo con violencia.

Asimismo otorgó un plazo de 120 días para la investigación de los hechos.

M.I.G.T. tiene además otra causa pendiente por un juicio simplificado al que no concurrió, por lo que fue programada una nueva audiencia para el viernes 29 a las 12. 30 horas.

Ahora se espera la próxima detención de los restantes implicados para sr puestos a disposición del tribunal.

Sin duda que el joven J.D.T. C. de 26 años, no tenía idea en lo que se estaba metiendo al momento que ingresó a la sucursal del ServiEstado con un arma de juguete.

Tal vez influenciado por el cine y la televisión, donde el sistema funcionaba bien, en las últimas horas de la tarde del sábado llegó hasta las oficinas del ServiEstado, ubicado en calle Independencia y, se aproximó a una de las cajas y le dijo en voz baja a la cajera: “Tenemos a su familia, no apriete el botón de alarma para llamar a carabineros”, mientras le entregaba un papel de hoja de cuaderno con el número de una cuenta bancaria a la que debía hacer una transferencia de dinero.

Lo que no sabía el joven era que la cajera apenas minutos antes había conversado telefónicamente con su familia, pues habían llegado invitados a la casa, y esta de inmediato retrocedió a un lugar seguro y alertó a la jefa de la sucursal, la que apretó el botón de pánico conectado con la Tercera Comisaría de Carabineros.

s mas, el guardia, aunque el asaltante sacó desde un bolso lo que parecía era una pistola, este advirtió de inmediato que se trataba de un arma de juguete. Ni siquiera con proyectiles a fogueo. Entonces el sacó su pistola de verdad y lo apuntó, arrojándolo al suelo donde luego de unos forcejeos lo redujo hasta la llegada de Carabineros.

Es decir, todo mal.

Bien lo dijo el defensor penal en la audiencia de formalización del día siguiente: “Es un asalto que impresiona por lo burdo; mal caracterizado con un parche en un ojo, la pistola era de juguete y no tenía ni siquiera la capacidad de hacer ruido”.

No obstante eso, el magistrado Luis Muñoz puso de relevancia la gravedad de lo ocurrido, empezando por la penalidad que tiene el delito de robo con intimidación: entre 5 y 20 años de reclusión. Un hecho en el que incluso el mismo inexperto asaltante (tiene una irreprochable conducta anterior) pudo haber resultado muerto si el guaria hacía uso de su arma, o herido a alguien del público o de los empleados.

Así es que J.D. T.C. domiciliado en Cancha Rayada, tendrá que permanecer en prisión preventiva los próximos 60 días mientras se efectúa la investigación.

¿En qué habré fallado?, se debe estar preguntando en estos momentos. En las películas de la televisión siempre sale bien.

Esta insólita disparidad de opiniones se dio ayer en el Juzgado de Garantía durante la audiencia de formalización de cargos en contra de L.A, R. C. , de 26 años, domiciliado en Lagunillas acusado de birlar la billetera desde el bolsillo del pantalón del parroquiano de un local de bebidas alcohólicas.

Según lo describió el Ministerio Público la víctima se encontraba alrededor de las 18. 55 horas de martes en un local de alcoholes del pasaje Federico Alfonso, entre Ariztía Oriente y Tocopilla, cuando pasó por detrás el imputado y le sustrajo la billetera que manejaba a la vista desde el bolsillo trasero del pantalón y luego huyó por la puerta.

Con lo que no contaba era que la víctima no se quedó tranquila sino salió corriendo detrás dándole alcance en la esquina de Tocopilla y Benavente, donde comenzaron a forcejear. En ese momento, según señala el afectado, el hombre extrajo una cuchilla con la que le hizo cortes en la chaqueta. Hasta que finalmente, con la ayuda de otras personas que intervinieron, pudo reducirlo, recuperar la billetera que contenía la suma de $ 84 mil y entregarlo a carabineros.

El problema se produjo ayer en el Juzgado de Garantía durante la audiencia de formalización de cargos porque el Ministerio Público formalizó por robo con intimidación pues cuando la víctima lo alcanzó para recuperar la billetera, el delincuente se opuso exhibiendo un arma blanca con la que lanzó varios ”cortes”.

El defensor público, Hugo Lagunas, sin embargo no estuvo de acuerdo, pues aseguró que se estaba en presencia de un delito de robo por sorpresa (que tiene una menor penalidad). Incluso señalando que el arma blanca era de la víctima y no del imputado que había recibido algunos cortes en su costado.

Por otra parte el juez no coincidió con ninguno de los dos pues afirmó que no se trataba de un robo (ni por sorpresa y tampoco con intimidación) sino a él le parecía más bien un hurto.

En definitiva el magistrado rechazó la medida de prisión preventiva solicitada por la parte acusatoria, concediendo sólo la de firma mensual y prohibición de aproximarse a la víctima.

Cabe mencionar que el imputado tiene numerosas condenas por delitos que van desde robo en lugar no habitado hasta robo con violencia, en tribunales de Ovalle y La Serena.

El hombre cumplía desde septiembre del 2012 una condena de 10 años y 1 día por el delito de robo con violencia , la que le había sido adecuada a 8 años de libertad condicional en los años siguientes.

Sin embargo el beneficiado incumplió las condiciones impuestas por lo que la Corte de Apelaciones en el año 2017 resolvió revocar el beneficio notificándole que debería cumplir el resto de la sentencia privado de libertad.

El condenado Iván Patricio Valenzuela Valenzuela, acompañado de otro sujeto, el día 25 de octubre de 2008, a las 01:30 horas aproximadamente, en la intersección de calle Bilbao con Brasil de la localidad de Sotaquí, abordaron a la víctima J. A. C. R. Juan Armando Castillo Rivera, a quien agredieron con un cuchillo en diferentes partes del cuerpo, sustrayendo y apropiándose
de una cadena que la víctima mantenía colgando en su cuello, dándose a la fuga con la especie en su poder. Producto de la agresión la víctima resultó con numerosas heridas corto punzantes torácicas de carácter leve.

Detenido Iván Valenzuela, aunque su defensa alegó que mas que un robo se trató de una riña, fue encontrado culpable del delito de robo con violencia consumado y sancionado a cumplir la pena de 10 años y un día , pena que le fue mutada a la libertad condicional cumplidos los 8 años.

Este beneficio finalmente le fue revocado por incumplimiento de las condiciones impuestas, dándose una orden de detención en su contra.

Finalmente fue detenido a fines de la semana pasada y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Ovalle donde el magistrado Darío Díaz Peña y Lillo dio la orden de ingreso al CDP de Ovalle para que cumpla la pena de 618 días de privación de libertad sin abonos que considerar.

La exhumación del cuerpo permitió esclarecer un caso con más de 40 años sin resolver, habían arreglado el sitio del suceso para que pareciera suicidio.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, dictó acusación contra del carabinero en retiro Fermín Cheuquenao Contreras,  en la investigación por el  homicidio cometido del  cabo Justo Benedicto Cortés Díaz, perpetrado en enero de 1975 en la comuna de Combarbalá.

El caso está archivado en el museo de la memoria como violación de derechos humanos

En la resolución (causa 16-2015) el ministro en visita dio por establecido que en la madrugada del 2 de enero, mientras el cabo Justo Cortés Díaz se encontraba de servicio de guardia en el retén Cogotí  18 de la comuna de Combarbalá, el jefe del retén, sargento segundo Fermín Cheuquenao Contreras, bajo los efectos del alcohol, ordenó al cabo que eliminara a dos personas que llevaba detenidas, a lo que la víctima se negó.

Posteriormente el sargento segundo regresó al lugar, y reprochó a Cortés Díaz el incumplimiento de la orden y luego, con un revolver le propinó dos disparos en la cabeza provocando su fallecimiento en el lugar producto de dos heridas de bala cráneo encefálico.

Una vez que los demás funcionarios se enteraron del deceso, Cheuquenao Contreras les ordenó modificar el sitio del suceso y entregar versiones falsas sobre los hechos, sosteniendo que la causa de muerte fue un suicidio.

Como parte del proceso, el ministro Hormazábal ordenó,  en agosto de 2017, la exhumación del cuerpo de la víctima en el cementerio parroquial de Andacollo.

La causa se elevó al  estado de plenario, de manera que los querellantes podrán adherir o formular acusación por su parte y deducir las acciones civiles correspondientes.

Por: Equipo OvalleHoy

Fuente. Poder judicial.

A nivel nacional se crearon 110 nuevos cargos para jueces y 305 puestos para personal.

El funcionamiento de dos salas de audiencia -a contar de hoy lunes 9 de julio- y pasar de 5 a 7 magistrados son los alcances de la implementación de la segunda etapa de la ley N° 21.017 en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle.

De esta manera, se amplió además la dotación de personal en tres jefes de unidad y tres funcionarios, todos quienes recibieron un saludo de bienvenida por parte del juez presidente (s) del tribunal, Rubén Bustos, y los magistrados Andrés Elgueta y Gonzalo Martínez.

“Esta es una ley que nos permite realizar cambios concretos que van en beneficio de la comunidad, pues es a través de esta mayor dotación que hacemos más efectivo el derecho ciudadano de acceder a la justicia en un proceso sin dilaciones”, manifestó el magistrado Bustos.

Debido a los trabajos de ampliación del tribunal, su administradora, Cecilia Aguirre, informó que las salas de audiencias funcionarán en el Juzgado de Familia y en el Segundo Juzgado de Letras de Ovalle.

A nivel nacional, la ley N° 21.017 creó 110 nuevos cargos para jueces y 305 puestos para personal, de los cuales 7 magistrados y 19 funcionarios corresponden tribunales de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de La Serena.

La aplicación de esta nueva normativa se ha desarrollado en forma gradual, en tres etapas: una vez promulgada la ley, al año de la entrada en vigencia, y finalmente transcurridos dos años. Los próximo tribunales beneficiados en 2019 serán el Juzgado de Garantía y Juzgado del Trabajo de La Serena, el Juzgado de Letras de Vicuña y el de Illapel.

Por: Equipo OvalleHoy

Fuente: Poder Judicial.

La víctima recibió una llamada de un presunto ejecutivo bancario que pidió sus datos para efectuar una devolución de dinero, pero con esta información le dejó seca la cuenta corriente.

De acuerdo al Ministerio Público de Ovalle el día 02 de marzo del año 2016, aproximadamente a las 14:00 horas, la víctima, M. O. A.V. recibió un llamado telefónico a su número telefónico de parte de un sujeto que se identificó como ejecutivo de una institución financiera, indicando que debido a una nueva ley se le debía realizar una supuesta devolución de dinero, para lo que le solicitó su número de cuenta corriente, la clave de internet y las coordenadas de la tarjeta para realizar la transferencia por internet.

Con toda esa información en su poder los desconocidos realizaron el mismo día tres transferencias electrónicas desde la cuenta de la víctima a las cuentas RUT de otras tres personas provocando a la víctima un perjuicio total de $5.000.000.

Los propietarios de las cuentas a las que fueron transferidos los dineros – un hombre y dos mujeres, identificados como E.E.B. V. y D. P. I-S. y A.M. G. V., domiciliados en Puente Alto, Talca y San Ramón – fueron ubicados en las próximas semanas y formalizadas por el delito de estafa.

Ayer lunes en el Juzgado de Garantía de Ovalle estaba programada una audiencia de Procedimiento Simplificado para ver su situación procesal.
Sin embargo sólo se presentó a la misma la imputada A.M.G, reprogramándose una audiencia para el lunes 13 de agosto para ver su situación individual. Ella arriesga una condena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo por el delito atribuido y una multa de 20 UTM.

En tanto el tribunal emitió una orden de detención en contra de los dos restantes imputados , quienes luego de ser detenidos tendrán que aguardar privados de libertad la fecha de la audiencia.

El Ministerio Público será el encargado de establecer si el imputado tenía conocimiento real que el billete no era verdadero, o lo desconocía.

En enero del 2017 Nicolás Ossandón Stieberitz, 25 años, fue condenado por hurtar desde un vehículo una sierra circular y sentenciado a cumplir una pena efectiva de 51 días de prisión . Decretada la prisión preventiva mientras se procedía a la ejecución de la sentencia, para obtener su libertad debía pagar una caución de $ 100.000.

Lo hizo en las horas siguientes con cinco billetes de $ 20.000 . El detalle es que, de acuerdo al tribunal, uno de los billetes era falso, con apariencia y similares características de uno verdadero.

Ossandón fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Ovalle por el delito de circulación de billete falso, prescrito y sancionado en el artículo 64 de la Ley 18. 840. Ahora será el Ministerio Público el encargado de establecer si el imputado tenía conocimiento real que el billete no era verdadero, o lo desconocía.

La audiencia de preparación de juicio oral estaba programada para el martes 10 pasado, pero faltó al Ministerio Público acompañar entre sus pruebas un video que está mencionado en el escrito respectivo y que la defensa exigió conocer.

En ese contexto el juez Luis Muñoz dio plazo al acusador de 48 horas para entregar el mencionado video, reprogramando una nueva audiencia para el lunes 6 de agosto a las 11:00 horas.

Durante ese periodo las audiencias de ese tribunal se realizarán en dependencias del Tribunal Oral de Familia y en el Segundo Juzgado de Letras.

Como fue señalado recientemente, a contar del lunes 9 de julio la dotación de magistrados del Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle que funciona en calle Vicuña Mackenna pasó de 5 a 7 magistrados dando cumplimiento a la implementación de la segunda etapa de la ley N° 21.017 .

“Esta es una ley que nos permite realizar cambios concretos que van en beneficio de la comunidad, pues es a través de esta mayor dotación que hacemos más efectivo el derecho ciudadano de acceder a la justicia en un proceso sin dilaciones”, manifestó el magistrado Rubén Bustos juez presidente (s) del tribunal.

Esto sin embargo ha creado un problema de “sobrepoblación” en un tribunal que tiene una sola sala y carece de las comodidades para recibir a nuevos jueces con el respectivo personal de apoyo administrativo.

Fue así que se realizó un llamado a propuesta para la construcción de nuevas dependencias que permitan dotar de mayor comodidades a los magistrados y funcionarios, pero además de dar una superior celeridad a la aplicación de la justicia con dos salas que puedan funcionar de manera simultanea.

Para eso será construida una nueva sala de audiencia en el sector donde actualmente es el hall de acceso a la sala única, pasando a funcionar con dos salas contiguas, algo similar a lo que existe en el vecino Juzgado de Garantía.

Asimismo se aprovechará el espacio existente en el fondo del pasillo central para levantar nuevas dependencias, y en el nivel superior oficinas para los nuevos magistrados y su funcionarios

Estos trabajos comenzarán a efectuarse en los próximos días, y en ese intertanto los juicios se realizarán en el Tribunal de Familia, ubicado en calle Libertad (entre Santiago y Tamaya) de lunes a viernes; y los lunes y viernes en el Juzgado de Letras , situado en calle Antonio Tirado.

A la ciudad de Ovalle se trasladaron los jueces Jairo Martínez Cuadra y Zoila Terán Arévalo, que asumirán cargos titulares en el Juzgado de Familia y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, respectivamente. Ambos prestaron juramento ante el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Juan Pedro Shertzer.

Abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, Jairo Martínez se desempeñó en suplencias desde 2008 en juzgados de Diego de Almagro, Ovalle, Santiago, Illapel y Los Vilos. En 2014 ingresó como titular al Poder Judicial como magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá y, posteriormente, de Los Vilos; este último hasta la fecha de su juramento, que lo nombró como magistrado del Juzgado de Familia de Ovalle.

La jueza Zoila Terán, profesional de la Universidad Católica de Temuco, ingresó al Poder Judicial en 2015, desempeñándose como magistrada titular en Combarbalá y anterior a eso, en suplencias en juzgados de Santiago, Pucón, Andacollo y Corte de Apelaciones de La Serena.

Fue nombrada jueza en el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle, siendo parte de la nueva dotación que implementó la segunda etapa de la ley N° 21.017 que aumentó la planta de jueces en todo el país.

Magistrado de la segunda sala del Juzgado de Garantía no atendió los argumentos de la defensa de los dos presuntos autores en el sentido que las declaraciones de la víctima y de una testigo presencial de los hechos eran contradictorios.

Los hechos ocurrieron en las primeras horas de la madrugada del reciente miércoles 18 de julio cuando la víctima había salido en dirección a una estación de servicios para comprar cigarrillos, y cuando regresaba caminando porque a esa hora no había locomoción, en las cercanías de la población Media Hacienda fue abordado por una atractiva muchacha que le ofreció en venta un polerón en la suma de $ 1.000. Luego le llamó la atención la presencia de otros dos sujetos que comenzaban a acercársele mientras la joven lo entretenía, hasta que uno de ellos lo tomó desde atrás para ponerle una cuchilla en el cuello. No obstante de un manotazo rechazó y botó el arma, fue superado en número por sus adversarios (al que se sumó un cuarto), los que a fuerza de golpes lo derribaron para continuar golpeándolo de pies, puños y piedras mientras se encontraba en el suelo.

Luego de robarle la billetera con $ 160.000, una cadena de oro, la chaqueta huyeron por calle Los Halcones en dirección al Cementerio.

Una mujer que observó el ataque desde la ventana del segundo piso de su casa llamó a carabineros, los que después de prestar auxilio a la víctima, con las descripciones recogidas tanto del afectado como de la testigo, salieron en busca de los autores hasta que a pocas cuadras de distancia ubicaron a tres sujetos cuyas descripciones coincidían con las de los atacantes, los que intentaron huir pero fueron aprehendidos.

La victima, P.N de Z. resultó con tres fractura dentales, fractura en un hueso de una pierna, presunto desprendimiento de retina y una también presunta desviación del tabique nasal.

Los detenidos identificados como P. R. A. N., y la joven V. P. C.A. fueron formalizados por el deliro de robo con violencia y decretada la medida cautelar de prisión preventiva por considerarse que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad.
El varón tiene una condena de su tiempo de adolescente, en tanto que en el caso de la mujer, hay otra causa vigente por el delito de robo con violencia.

Ayer miércoles su defensa dedujo una solicitud para revisar la medida de prisión preventiva, señalando la existencia de contradicciones entre las dos declaraciones de la victima: la del día de a agresión a Carabineros, y la posterior en la Fiscalía; agregando que las versiones de sus defendidos son opuesta a la de la víctima, pues ellos huyeron de carabineros porque se encontraban fumando marihuana en la vía pública.

El magistrado Alberto Jaraquemada Carrasco, en definitiva , luego de escuchar a ambas partes concluyó que no hay nuevos antecedentes que permitan revertir la medida cautelar, por lo que ambos imputados deberán permanecer en prisión preventiva hasta el cierre de la investigación.

La audiencia fue interrumpida durante algunos segundos por un fuerte temblor, pero se reanudó un minuto más tarde. Los más asustados fueron ambos imputados.

El acusado también hirió a un tío que intervino para arrebatarle al arma. El tribunal sin embargo rechazó que se trate de un homicidio frustrado.

Según la acusación del Ministerio Público el día 22 de enero de 2017, alrededor de las 03:00 horas, en la Sede Social del Club Deportivo Vegas Verdes, comuna de Monte Patria, el acusado Jairo Alejandro Toledo Pasten, provisto de un cuchillo, procedió a propinar diversas puñaladas en distintas partes del cuerpo a la víctima, H. E. C. C. , resultando la afectada con múltiples heridas cortantes en brazos y tórax, heridas corto punzantes múltiples en brazo derecho y una herida mayor en región supra mamaria izquierda, lesiones de carácter clínicamente menos graves. Luego de ello, el acusado procedió a agredir, con el mismo cuchillo, a su tío C. L. P. P. quien intervino para arrebatarle el arma el que resultó con una puñalada en su hombro izquierdo.

El juicio en contra de Toledo Pastén se realizó en el edificio del Tribunal de Familia (donde funcionará en los próximos meses el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle), y los magistrados acordaron que se estaba en presencia de dos delitos de Lesiones Menos graves y lesiones leves, y no de homicidio frustrado planteado por la Fiscalía.

La sentencia definitiva será conocida hoy lunes 30 a las 13:45 horas, quedando los intervinientes citados en este acto.

El Tribunal Oral de Ovalle dio a conocer la sentencia en contra de Enderson Humberto Araya Yañez, uno de los tres acusados por los hechos ocurridos en julio del año pasado en el complejo deportivo de la Media Hacienda de Ovalle.

“El día 01 de Julio de 2017, alrededor de las 17:25 horas, Araya Yañez, apodado “Chonqui”, acompañado de Luis Eduardo Galleguillos Marambio ( el “Negro Luis”) premunidos de una pistola y una escopeta, llegaron al estadio de la ANFA ubicado en Avenida La Paz esquina Las Águilas, Población Media Hacienda en la parte alta de Ovalle, a bordo de un automóvil . Una vez en el lugar, descendieron del móvil , y se dirigieron al sector de las graderías, en donde Araya Yáñez golpea, en la cabeza, con la pistola que portaba a la víctima menor de edad, de iniciales B.Y.B.J., luego, y acto seguido, le dispara en su pierna izquierda, causándole una herida con pronóstico grave y de tipo homicida sin socorro oportuno y eficaz, mientras que Galleguillos Marambio le dispara, con la escopeta, a Mario Gabriel Jaime Contreras, cuando este intentó auxiliar a la víctima menor de edad, causándole un trauma por arma de fuego hemitórax derecho, que le provocó la muerte. Los agresores huyeron del lugar en dirección desconocida hasta lograrse su detención en las semanas siguientes.

De acuerdo a declaraciones de familiares de las víctimas, estos hechos se iniciaron minutos antes en las puertas del recinto, cuando luego de una discusión con los homicidas, estos se marcharon anunciando que regresarían armados “para arreglar”, amenaza que cumplieron alrededor de cinco minutos más tarde.

En los últimos días se efectuó la audiencia de juicio Oral en contra de Enderson Araya Yañez, siendo en definitiva encontrado culpable de un delito de Homicidio Simple consumado, en contra de Mario Gabriel Jaime Contreras ; y un delito de Homicidio Simple en grado de desarrollo de frustrado, en contra del entonces menor de edad, de iniciales B.Y.B.J.

En definitiva el tribunal resolvió que reciba penas de 12 años de reclusión por el primero de los delitos, y de 6 años por el segundo, ambos con pena efectiva.